Ley de Transparencia

Por la transparencia en la gestión administrativa que están obligadas a observar todas las Instituciones del estado que conforman el sector público en los términos del (Art. 225 de la Constitución Política de la República) y demás entes señalados en el artículo 1 de la presente Ley, difundirán a través de un portal de información o página web, así como de los medios necesarios a disposición del público implementados en la misma institución

La siguiente información mínima actualizada, que para efectos de esta Ley, se le considera de naturaleza obligatorio.

En nuestro país se implementó la norma jurídica correspondiente que apadrina el derecho a acceder a la información pública. La LOTAIP, ley ecuatoriana de transparencia, plantea la participación ciudadana y el derecho de acceso a la información relacionada con asuntos públicos para ejercer un efectivo control y exigir la rendición de cuentas a estas instituciones gubernamentales o aquellas que perciben recursos estatales. La ley de transparencia ecuatoriana actualmente se encuentra vigente, pero su desconocimiento la ha convertido en una herramienta insignificante, de poco uso y de mínimo cumplimiento.

 

1.- ¿Qué es la información pública?  Busque en un diccionario y compare cómo la define la LOTAIP

¿Qué es el derecho a la información pública?

El derecho a la información está considerado como un derecho fundamental del ser humano y está respaldado legalmente a nivel superior por documentos y tratados internacionales de derechos humanos universales.

Los estudiosos en el tema definen el derecho a la información de la siguiente manera:

  • “El derecho público que tiene por objeto el estudio de las normas jurídicas que regulan –lato sensu– las relaciones entre Estado, medios y sociedad y en –stricto sensu– los alcances y los límites del ejercicio de la libertad de expresión y de información a  través de cualquier medio”.
  • “El derecho de acceso a la información pública es el derecho fundamental de la persona a conocer la información y documentos en manos de las entidades públicas, es decir, a acceder a éstos, y en una segunda vertiente es el derecho a ser informados oportuna y verazmente por las instituciones públicas. En una interpretación moderna de esta garantía universal, el derecho de acceso a la información pública tiene por objeto otorgar el poder de la información pública a las personas para la toma de decisiones diarias desde los diferentes sectores sociales, así como poner a disposición de las mismas la información que le sirva para ejercer sus derechos políticos y mejorar su calidad de vida”.
  • “Derecho de acceso a la información públicaes la prerrogativa que tiene cualquier persona física o moral, nacional o extranjera, de acceder a la información gubernamental, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y sin más limitaciones que las expresamente previstas en la Ley”.
  • “En el mundo académico se manejan dos posibilidades de aproximación al tema. La primera, tradicional, considera el Derecho a la Información como una disciplina del derecho dirigida a estudiar las libertades de opinión, de expresión y de información centrados en el polo de la emisión y del mensaje, y que están contenidos en diversos instrumentos de los Derechos Humanos. Una segunda perspectiva de aproximación –complementaria de la primera- y particularmente fructífera en América Latina, recupera el otro polo de la comunicación, el de la recepción, donde la ciudadanía no sólo procesa mensajes sino que también los produce. Esta incorporación redimensiona el Derecho a la Información en otro más abarcativo, el Derecho a la Comunicación, que está todavía buscando estatuto académico y legal”.

La LOTAIP define que “El acceso a la información pública es un derecho de las personas que garantiza el Estado. Toda la información que emane o que esté en poder de las instituciones, organismos y entidades, personas jurídicas de derecho público o privado que, para el tema materia de la información tengan participación del Estado o sean concesionarios de éste, en cualquiera de sus modalidades, conforme lo dispone la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; las organizaciones de trabajadores y servidores de las instituciones del Estado, instituciones de educación superior que perciban rentas del Estado, las denominadas organizaciones no gubernamentales (ONG’s), están sometidas al principio de publicidad; por lo tanto, toda información que posean es pública, salvo las excepciones establecidas en esta Ley.”[2]

Es decir que el acceder a información es un derecho de todos y todas que está garantizado por el Estado, ya sea de cualquier entidad pública o privada, todas las entidades que se involucren con el Estado de igual forma que no lo estén, personas naturales o jurídicas, toda la información está sujeta al principio de publicidad bajo algunas restricciones enunciadas en esta ley.

De igual forma cuenta con garantías tales como “La presente Ley garantiza y norma el ejercicio del derecho fundamental de las personas a la información conforme a las garantías consagradas en la Constitución Política de la República, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Interamericana sobre Derechos Humanos y demás instrumentos internacionales vigentes, de los cuales nuestro país es signatario” [3]

También se “Se considera información pública, todo documento en cualquier formato, que se encuentre en poder de las instituciones públicas y de las personas jurídicas a las que se refiere esta Ley, contenidos, creados u obtenidos por ellas, que se encuentren bajo su responsabilidad o se hayan producido con recursos del Estado.”

El Estado asigna como información pública todos los documentos emitidos por las entidades gubernamentales y estos están a disposición de la ciudadanía, para su información y conocimientos de todos lo realizado por el mismo.

2.- ¿Quiénes tienen acceso  a la información pública?

La idea central es que existen dos tipos  actores para la aplicación de la Ley: la ciudadanía y los servidores públicos, los primeros con capacidad de ejercer el derecho y los segundos con la obligación de atender la demanda ciudadana.

Como resultado se da una ciudadanía informada y capaz de decidir, y servidores públicos eficientes, que cumple con sus obligaciones.

Es importante acotar que servidores públicos también son ciudadanos y por tanto también tienen el derecho de acceder a información.

Artículo 7: Difusión de la Información Pública. Por la transparencia en la gestión administrativa que están obligadas a observar todas las instituciones del Estado que conforman el sector público en los términos del artículo 118 de la Constitución Política de la República y  demás entes señalados en el artículo 1 de la presente Ley, difundirán a través de un portal de información o página web, así como de los medios necesarios a disposición del público, implementados en la misma institución, la siguiente información mínima actualizada, que para efectos de esta Ley se la considera de naturaleza obligatoria (…).

Art. 8.- Promoción del Derecho de Acceso a la Información. Todas las entidades que conforman el sector público en los términos del artículo 118 de la Constitución Política de la República y demás entes señalados en el artículo 1 de la presente Ley, implementarán, según sus competencias y posibilidades presupuestarias, programas de difusión y capacitación dirigidos tanto a los servidores públicos, como a  las organizaciones de la sociedad civil, con el objeto de garantizar una  mayor y mejor participación ciudadana en la vida del Estado.

Las universidades y demás instituciones del sistema educativo desarrollarán programas de actividades de conocimiento, difusión y promoción de estos derechos. Los centros de educación fiscal, municipal y en general todos los que conforman el sistema de educación básica, integrarán en sus currículos contenidos de promoción de los derechos ciudadanos a la información  comunicación, particularmente de los accesos a la información pública,  hábeas data y amparo.